Deducción fiscal del 100% para propietarios que no suban el alquiler: la nueva propuesta del Ejecutivo
En plena crisis del alquiler, el Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un real decreto ley con nuevas medidas relacionadas con el mercado del alquiler.
Entre ellas, se incluirán incentivos fiscales dirigidos a los propietarios que mantengan el precio del alquiler en las renovaciones de contrato, así como una mayor regulación de los alquileres de temporada para evitar usos fraudulentos y límites al uso abusivo del alquiler por habitaciones.
Según ha explicado el presidente del Ejecutivo, el objetivo de estas medidas es respaldar a quienes contribuyen a ofrecer viviendas en condiciones dignas y, al mismo tiempo, poner freno a prácticas especulativas.
Desde el Gobierno se subraya que se trata de medidas urgentes y de impacto directo para actuar sobre la situación actual del alquiler.
Nueva deducción fiscal por mantener el precio del alquiler
La medida estrella, como decimos, es la creación de una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que decidan no subir la renta del alquiler al renovar el contrato (hasta la fecha, la bonificación general era del 50%).
Así, esta deducción tendría como objetivo compensar los ingresos adicionales que podrían obtener si decidieran aumentar el precio, incentivando así la estabilidad de los contratos actuales.
Desde el Ejecutivo defienden que la medida genera un beneficio generalizado: los inquilinos podrían seguir viviendo en su vivienda sin asumir un mayor coste, los propietarios evitarían los riesgos y trámites asociados a un cambio de arrendatario sin perder rentabilidad, y el conjunto del sistema se vería favorecido por una mayor estabilidad en el mercado del alquiler.
No es casualidad que la propuesta llegue en este momento, y es que a lo largo de este año vencerán más de 630.000 contratos de alquiler que fueron firmados bajo los límites de actualización de precios aplicados durante la pandemia.
Por ello, la renegociación de estos contratos podría suponer subidas de entre el 30% y el 50%, lo que podría afectar a 1,6 millones de inquilinos.
Sin embargo, de momento no se ha aclarado si esta bonificación fiscal se aplicará únicamente a las renovaciones de contratos con el mismo inquilino o si también se extenderá a nuevos contratos firmados con arrendatarios distintos, un detalle importante para valorar el alcance real de la medida.
Más medidas para regular los alquileres de corta duración
La segunda gran línea de actuación que el Gobierno prevé incluir en el próximo real decreto ley se centra en los alquileres de corta duración, especialmente en los contratos de temporada. El objetivo es restringir su uso indebido, que desde el Ejecutivo consideran cada vez más extendido.
Según lo anunciado, se establecerán criterios más estrictos para que un contrato pueda calificarse realmente como de temporada. Además, se incorporará un régimen sancionador para aquellos propietarios que incumplan la normativa estatal sobre alquileres de corta duración, una regulación que lleva más de un año pendiente de desbloqueo en el Congreso.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto legislativo complejo.
Y es que la proposición de ley impulsada por varios grupos parlamentarios para regular tanto los alquileres de temporada como el alquiler por habitaciones quedó paralizada a finales de 2025 tras el anuncio de bloqueo por parte de Junts.
Entre otras cuestiones, el texto planteaba que el arrendador tuviera que justificar de forma objetiva la temporalidad del contrato, de manera similar a lo que ocurre en la legislación laboral, y fijaba un límite máximo de nueve meses para este tipo de arrendamientos.
Desde el Gobierno defienden que el uso generalizado de contratos de temporada está provocando una situación de inestabilidad e incertidumbre para muchos inquilinos, quienes se ven obligados a renegociar continuamente sus condiciones sin una causa real que lo justifique.
Por este motivo, se pretende endurecer aún más la regulación, garantizando precios ajustados y derechos equiparables a los de los contratos de larga duración.
Límites al alquiler por habitaciones
La tercera medida anunciada tiene como objetivo poner freno al auge del alquiler por habitaciones cuando se utiliza como fórmula para maximizar rentas.
En los últimos años, se ha detectado una tendencia creciente a transformar viviendas completas en alquileres por estancias individuales, con el único fin de aumentar los ingresos obtenidos.
Para corregir esta práctica, el Gobierno plantea extender las garantías de los alquileres tradicionales a los contratos por habitaciones. En concreto, se prevén dos límites principales:
- La suma de las rentas de todas las habitaciones no podrá superar el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa.
- En las zonas declaradas como tensionadas, estos contratos estarán sujetos a los mecanismos de control de precios previstos en la ley de vivienda.
Este tipo de regulación ya se encuentra en vigor en algunas comunidades, como Cataluña, donde comenzó a aplicarse a principios de enero, y ahora el Ejecutivo pretende extender este modelo al conjunto del territorio.
Las reacciones políticas
El real decreto ley anunciado por el Gobierno deberá ser validado por el Congreso de los Diputados, lo que obliga al Ejecutivo a recabar apoyos parlamentarios para que las medidas entren en vigor.
Sin embargo, el trámite no se presenta sencillo, ya que incluso algunos de sus socios habituales ya han adelantado su rechazo, especialmente a la deducción fiscal dirigida a los propietarios.
Sumar
Desde Sumar, formación integrada en el Gobierno, han confirmado que votarán en contra de la bonificación fiscal a los arrendadores.
Su portavoz de Vivienda en el Congreso ha señalado que el decreto está diseñado, a su juicio, para beneficiar a los rentistas y no a los inquilinos, motivo por el cual no respaldarán la iniciativa.
Desde esta formación insisten en que la prioridad debería ser frenar las subidas de precio derivadas de la renovación masiva de contratos de alquiler prevista para este año, una situación que consideran una amenaza directa para la estabilidad económica de muchas familias.
Podemos
En la misma línea crítica se ha pronunciado Podemos. Su secretaria general ha mostrado un rechazo frontal a las ayudas fiscales a los propietarios, calificando la medida como un nuevo incentivo a los caseros en plena crisis de acceso a la vivienda.
En la formación consideran que este tipo de políticas no dan respuesta a la gravedad del problema habitacional actual.
ERC y EH Bildu
Las reacciones negativas también han llegado desde otros grupos parlamentarios.
ERC y EH Bildu han cuestionado que se plantee una exención total del IRPF para propietarios, señalando el impacto social que puede tener que determinados contribuyentes queden exentos de impuestos por el mero hecho de poseer viviendas en alquiler.
Desde EH Bildu, además, se defiende que la solución pasaría por prorrogar automáticamente los contratos que vencen próximamente, en lugar de aplicar incentivos fiscales.
VOX
Por su parte, VOX también ha criticado el anuncio del Gobierno, aunque desde una perspectiva distinta.
Su portavoz nacional ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de la situación del mercado de la vivienda y ha recordado que ya existen beneficios fiscales para propietarios.
A su juicio, las políticas de control de precios impulsadas por el Gobierno no han demostrado ser eficaces en otros países.
Las valoraciones desde el sector inmobiliario
Por supuesto, las reacciones no se han limitado al ámbito político. Desde el sector inmobiliario, algunas voces han valorado las medidas con mayor cautela.
Por ejemplo, el director general de la ANA (Agencia Negociadora del Alquiler) ha considerado positiva la bonificación fiscal del 100% para los propietarios que mantengan las rentas al renovar contratos, señalando que podría actuar como un incentivo para contener las subidas de precios y beneficiar tanto a arrendadores como a inquilinos.
No obstante, este mismo experto ha mostrado reservas respecto a la necesidad de nuevas regulaciones sobre los alquileres de temporada y por habitaciones.
Para él, estas modalidades ya están contempladas en la legislación actual y respaldadas por la jurisprudencia, que exige que los contratos de temporada estén debidamente justificados y limita el precio del subarrendamiento de habitaciones. En este sentido, considera que lo más coherente sería reforzar el régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, más que introducir nuevas restricciones.
Desde las asociaciones inmobiliarias, la valoración es similar. Reconocen que elevar la reducción fiscal en el IRPF del 50% al 100% puede ser un paso positivo, aunque advierten de que su impacto será limitado si no se acompaña de mayor seguridad jurídica para los propietarios y de políticas que fomenten el aumento de la oferta de vivienda en alquiler.
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